La Paz, BCS.- En la sesión extraordinaria llevada a cabo el día miércoles en el Congreso del Estado, las fuerzas de izquierda ahí representadas tomaron la tribuna para manifestarse sobre lo que consideran es un tema sumamente delicado para el futuro del estado, la Ley de Asociaciones Público- Privadas, cuya iniciativa fue remitida al Poder Legislativo para su estudio y dictamen.
Rosa Delia Cota Montaño, diputada por el PRD, señaló que “El problema surge del contenido de la ley, que está formulada como un instrumento para poner las instituciones, bienes y recursos del Estado de Baja California Sur al servicio de los grandes capitales privados con el argumento de que las empresas que se generen tendrán un beneficio social, cuando en realidad se trata de lucrar con la prestación de servicios y con los bienes del Estado”.
La representante de MORENA, diputada Guadalupe Rojas Moreno, en su intervención al respecto dijo que contrario a lo que los defensores de esta figura argumentan, los estudios realizados por organismos internacionales al respecto, revelan que lo que en realidad ocurre es que el sector privado aporta muy poco financiamiento a las obras de infraestructura, muchas veces ese mismo recurso es proporcionado por el propio gobierno a través de las bancas de desarrollo, también se ha demostrado que la eficiencia de los servicios al público no se eleva, pero si el costo de los servicios, como el caso de Francia donde existe esta figura para el manejo del agua, y el servicio ha subido hasta el momento 16.6%.
Por último, Camilo Torres Mejía, diputado del Partido del Trabajo, en su intervención señaló que lo que actualmente contiene la iniciativa de ley en manos de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos para dictamen, “es un modelo para crear en Baja California Sur, empresas protegidas con régimen de excepción, trato preferencial, sin sujetarse a los ordenamientos legales, con muy pocas obligaciones y en cambio con grandes apoyos incentivos y privilegios; esto va representar, y lo afirmo categóricamente, una competencia muy desleal para los emprendedores y para las empresas sudcalifornianas que durante 20 o 30 años no podrán aspirar a ser proveedores del sector público en los renglones más redituables, que estarán en manos de las grandes empresas foráneas, como ocurre hoy en día”, recalcó el representante petista.
