El nativismo que arropó a la tierra sudpeninsular llamada constitucionalmente en el pacto federal de la república de Estados unidos mexicanos: Baja California Sur, hoy en día, es tierra de nadie.
Después del movimiento localista llamado Loreto 70 que invocó por última vez la figura del nativismo para desterrar la imposición de mandos militares, solamente los dos primeros gobernadores del naciente Estado libre y soberano, se apegaron al sentir regional durante sus sexenios de Poder: 1975 – 1981 Ángel César Mendoza Arámburo. 1981 – 1987, Andrés Alberto Alvarado Arámburo. Cimentaron bases institucionales para un posible despegue en el desarrollo y progreso de la población.
De 1981 a 1999, los mandatarios constitucionales, Víctor Liceaga Ruibal y Guillermo Mercado Romero, titulares del ejecutivo estatal de la también llamada Sudcalifornia, fueron gobiernos de transicióna la alternancia del poder. Ambos gobernadores se caracterizaron por ir cediendo paso y espacio a la delincuencia organizada y ejercer un poder público en picada, en caída, no del gusto de los electores ciudadanos.
De 1999 a 2005, milicianos civiles del partido revolucionario institucional se despacharon con la cuchara grande, primero con las siglas del P.R.D. y luego con las del P.A.N. en el tema de “gobernar”, pretextando hacer su ejercicio constitucional al servicio de los sudcalifornianos. En 1999, Leonel Cota Montaño quien nunca ha sido de criterio y pensamiento izquierdista, llegó legitimado al Poder estatal y se perdió en su madeja de hechos sin plan ni proyecto social auténtico; nada más se autoconstruyó una estatua de arena, fallándole al pueblo, a la historia de la lucha libertaria y así mismo.
Narciso Agúndez Montaño y Marcos Covarrubias Villaseñor, propiciaron la derrota de ellos mismos. Desacreditaron a las organizaciones de izquierda registradas en los órganos electorales, PRD, PT y movimiento ciudadano. Del segundo, se hizo público la venta de la plaza dos veces a la delincuencia organizada.
En materia de administración pública, sin capacidad suficiente para ejercer el cargo, si de generar bienestar para todos los habitantes de Baja California Sur se trata, pasaron en minúsculas letras si de anotarlos en la historia local se trata. No fueron priístas, panistas, perredistas. Fueron aprendices de todo y conocedores de nada.
De hecho, la escalada de homicidios dolosos con tinte de “encargos” empezó en 2014 con el asesinato de Antonio Alcántar, jefe de prensa del primero, durante su gobierno. A la fecha de 2017, se ha perdido la cuenta de caídos por asuntos de negocios de dudosa legalidad, involucrados o no, culpables o no.
De 2015 a 2021, hasta el momento, no hay una propuesta entendible a los oídos de todos por parte del gobierno estatal, que aún le queda el beneficio de la duda, si de trascender en el tiempo se trata.
El nativismo que era un eje de movimiento social, es asunto del pasado, la llegada del PRD al gobierno estatal en la persona de un priísta en 1999, abrió paso al PAN en 2011, en la persona de uno que no era panista, porque la alternancia del poder trajo consigo la práctica de la deslealtad.
Para el 2017, el agravio social empieza a llenar el buche de piedritas a la ciudadanía que acude a las urnas, el intento de cambio de régimen asoma en el presente cercano. Un movimiento de Regeneración Nacional crece como derrumbe que expulsará al PRI del gobierno federal.
En sudcalifornia, un PAN con un nuevo panista, Carlos Mendoza Davis, avanza en una nueva transición. Ahora, vamos de la alternancia del poder a dar carta de naturalización al neoliberalismo disfrazado de globalización.
Es entonces tarea del ahora gobernador sentar las bases de una sociedad cosmopolita donde la base social debe rescatar la idiosincrasia sudcaliforniana. Tejer la red social de pequeñas organizaciones que hagan posible el nuevo tejido social más allá de las instituciones del Estado mexicano.
Asimismo debe ser garante de la protección de la vida, la familia, el patrimonio, del presente y el porvenir de los habitantes del Estado de Baja California Sur. Ser capaz de mantener un Estado de excepción al resto del país, donde el propósito es desmantelar el tejido social nacional para la entrada del neoliberalismo en toda su potencia.
Por ello, se le pide que convoque a coexistir a los unos y los otros que caminan en la legalidad y la ilegalidad, para hacer tregua y acuerdos de lo que un programa estatal y gubernamental llamó: Vivir en paz.
