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ABCdario / ¡YA SIN EL TRACTOR!

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*Temporaleros de Santa Rita

Una misteriosa denuncia interpuesta en el Centro de Justicia Penal quien sabe por quién contra Rosa María Espinosa Murillo, encargada del tractor de los “temporaleros” (agricultores) de Santa Rita, derivó la tarde-noche del viernes pasado, en un aparatoso operativo policial jamás visto ni vivido en esa comunidad que culminó con el “secuestro” del tractor, amparados en el Centro de Justicia Penal (CJP por sus siglas), como tampoco se conocen los razones que motivaron la denuncia.
La denuncia contra la señora Espinosa Murillo es todo un misterio; nadie sabe quién la interpuso ni las razones que la motivaron. De acuerdo al “cateo” que llevaron a cabo los agentes ministeriales la tarde-noche del viernes pasado –donde solo mostraron a “vuelo de pájaro” sin dejar copia de la orden, luego de reconocer que en la orden de ”cateo” no se incluía el tractor, sino que ésta era una orden “verbal” de sus jefes–, es por peculado y abuso; el tractor se lo trajeron sin que la denunciada, mucho menos los “temporaleros” (agricultores), conocieran con exactitud el origen y los motivos de la misteriosa y rápida diligencia.
Increíble que el Centro de Justicia Penal se preste a este tipo de atropellos que dejan un pésimo sabor de boca en la impartición de justicia en el estado, cuando existen más de 47 mil averiguaciones previas en rezago, muchas de ellas relacionadas con homicidios dolosos, robos, extorsiones y asaltos que han afectado a miles de ciudadanos sin que el Centro de Justicia Penal brinde mayores resultados.
Inadmisible que la ley sea utilizada para cobrar venganzas políticas y personales más no para impartir justicia. En ese mismo Centro de Justicia Penal que se prestó a la “canallada” de la Juez, Mirna Wendoly Zavala Fiol, Jueza de Control del Juzgado del Sistema Penal que obsequió la “orden” de cateó, así como la incautación del tractor con todo y los implementos agrícolas adquiridos con grandes esfuerzos por los “temporaleros” (agricultores), constituye una de las peores “chicanadas” cometidas por los responsables de impartir justicia.
Lo que ocurrió la tarde-noche del viernes pasado desde tiempo atrás ya se veía venir; propiamente desde que asumió las riendas de la sub delegación municipal Teresita Anahi Rangel Gómez, quien no ha hecho otra cosa más que causar despojos y generar fuertes divisiones en la comunidad. Lo curioso es que la sedicente sub delegada ha contando con el todo el apoyo (complicidades) de las autoridades municipales que encabeza el alcalde Armando Martínez Vega y de funcionarios estatales (ver la presencia furtiva en esa comunidad en pos del tractor de triste célebre Trino Cota, de la Secretaria de Desarrollo Económico del gobierno del Estado).
En poco más de año y medio, Teresita Anahí lleva un deshonroso registro de tropelías cometidas en perjuicio de los habitantes de esa comunidad; desde dejar sin agua a seis familias en Santa Clara –incluidos dos discapacitados– al quitarle la cisterna donde les acarreaba el agua un empleado de SAPA, para que SAPA le rentara la pipa a su familia; quitarles un remolque ganadero a los ganaderos por sus propias pistolas; encabezar una fuerte campaña de desprestigio apoyada por su familia para desaparecer el telebachillerato de Santa Rita, de suerte que los hijos de Lizeth, hermana de la sub delegada municipal, que estudian preparatoria, los mandan diariamente al Cecyte de Las Pocitas y no al telebachillerato de Santa Rita; tratar con increíble rudeza a los ganaderos a quienes les niega extender guías para transportar su ganado dejándolos en pleno rayos del sol todo; bloquear el camino al pozo de agua construyendo un bordo de tierra suelta para que no pase ningún vehículo; ponerle trabas a la gente necesitada de la zona en la entrega despensas alimenticias que hace el DIF Municipal, exigiéndoles “cartas de residencia”; instala –en su casa– tubería de agua que proviene del tanque elevado una instalar una “garza” para el llenado de agua para pipas en forma clandestina (al igual que Isidro Ibarra), misma que la venden a una granja camaronera; encabezar junto con Isidro Ibarra, cuando fungía como Secretario General del Ayuntamiento de La Paz y Jisela Páez Martínez, una feroz campaña de hostigamiento contra la anterior sub delegada pretendiéndola despojar de un terreno que habitan desde hace más de 25 años, a cambio de que les entregara el tractor; intentó instalar infructuosamente un comité de socios que administran el tractor a modo con el fin de apoderarse de el, en abierto contubernio con Isidro Ibarra, Jísela Páez y Trino Cota; intrigar ante los oídos de Armando Martínez Vega para que a un niño que vive a tres kilómetros de distancia de la sub delegación le quiten la beca, mientras su hija acaba de recibir una beca del Fortamun (ver foto donde aparece su hija a un lado de Ama Rosa Gerardo de Martínez y adelante del alcalde Armando Martínez Vega, portando la manta alusiva a la entrega de becas del Fortamun). ¡Vaya fichita!.
De manera que no es de extrañarse el porqué el Centro de Justicia Penal actúo con tanta rapidez para atender una denuncia, que al menos los habitantes de Santa Rita y los denunciados desconocen, así como las motivaciones que dieron pie al despojo y “secuestro” del tractor. ¡Bonita justicia!
Ese mismo Centro de Justicia Penal que desestimo hace un par de semanas y solo acepto como antecedente, una denuncia interpuesta por vecinos de Santa Rita contra Isidro Ibarra y Teresita Anahí Rangel Gómez, abusos de autoridad, chantajes y presiones para quedarse con el tractor, así como tratar de desalojar a Lucía Espinosa Murillo, anterior sub delegada municipal de Santa Rita, del terreno que habita desde hace 25 años que está en proceso de regularización por parte del ejido Ley Federal de Aguas No 5, denuncias que fueron radicadas ante la contraloría y sindicatura del Ayuntamiento de La Paz que, como era de esperar, duermen el “sueño de los justos”.
La situación de torna complicada, difícil, porque tienen que moverse y no tienen con qué, son gentes extremadamente humildes que viven de su trabajo y viven al día; ahora tendrán que contratar un abogado y hacer constantes viajes a esta ciudad para enfrentar a una burocracia insensible y corrupta en la PGJE, TSPE y el CJP. De ese tamaño es la corrupción, complicidades y el grave estado de descomposición que priva en los órganos jurisdiccionales responsables de impartir y administrar justicia en el estado .¡Échense ese trompo a la uña!.

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