Pirotecnia Política: “En la medida que las minorías, sometiendo a su dominio a las mayorías, las oprimen, dividirlas y mantenerlas divididas son condiciones indispensables para la continuidad de su poder. No pueden darse el lujo de aceptar la unificación de las masas populares, la cual significaría, indiscutiblemente, una amenaza seria para su hegemonía.” (Paulo Freire)
Indiscutiblemente el tema del Transporte Público en La Paz es algo delicado, que tiene que atenderse de fondo y sin miramientos, por parte de las autoridades Estatales y Municipales.
La ciudadanía no puede seguir sobrellevando las consecuencias de actos de presión que solo alimentan la ambición económica de un puñado de concesionarios y afectan las actividades productivas con millones de pesos en pérdidas de la inmensa mayoría, cada que se les ocurre o se les ofrece algo como el ajuste a las tarifas.
Si el asunto de aumentar las tarifas con el pretexto bofo y desgastado de siempre, en el sentido de que no es negocio, la situación es sencilla, nadie en su sano juicio trabaja para estar perdiendo lo poco o lo mucho que se tenga; tan es negocio que no lo quieren dejar, se oponen a que se libere y no les gusta que se les aplique la ley; pretenden incluso ser unilaterales en la decisión de que les autoricen el aumento, sin considerar el daño económico que causan a la mayoría de los ciudadanos de La Paz, que utilizan esa modalidad de transporte para llegar a sus trabajos, escuelas o realizar sus actividades cotidianas.
La inmensa mayoría de los paceños imploran al Gobierno que tome decisiones pensando en ellos, en los más afectados y prácticamente todas las voces que se hacen escuchar van en el mismo sentido, es decir, que no se aumenten las tarifas, incluso que se “bajen” y que el servicio sea de calidad con mejores unidades y un rediseño de rutas con mayor cobertura.
El pasado lunes prácticamente La Paz quedó inmovilizada por concesionarios del transporte, que por sus limitadas razones decidieron ilegalmente parar labores; dejaron de prestar el servicio que el Gobierno de Baja California Sur les tiene concesionado y claramente reglamentado, situación que no puede repetirse y menos ahora que mediante un estudio se sabrá –cuando menos eso se supone- la realidad que priva en este sector donde todos lloran, pero no por los mismos motivos; está claro que es un negocio que necesita se le aplique la ley, como a cualquier mortal.
Políticamente es un tema también interesante y socialmente tiene un impacto trascendental, ello debe animar a las autoridades a tomar decisiones de fondo en este asunto que por primera vez será sometido a un dictamen, derivado de un estudio técnico que seguramente arrojará como resultado la determinación de no aumentar las tarifas y el deseo de la mayoría de los ciudadanos de que se mejore el servicio en todos los sentidos, lo que abriría la puerta a la liberación y a la emancipada competencia entre los interesados en atender los reclamos de los usuarios paceños.
¿Cuántas familias se benefician al ser Concesionarias? ¿Quiénes son? ¿Hay monopolios entres los Concesionarios? ¿Cuántos apoderados “originales” ya vendieron sus “concesiones” de manera ilegal? ¿Cuántos paceños utilizan diariamente este servicio de transporte público?
Electoralmente sería un acierto el tomar decisiones definitivas y de fondo, es redituable hacer políticas públicas donde la inmensa mayoría de ciudadanos se favorezcan de manera tangible; es tiempo de tomar decisiones correctas y acabar con los privilegios de quienes dicen que el transporte público en La Paz ya no es negocio.
El viernes próximo con la conformación de la comisión que atenderá la revisión de este segmento del transporte, se definirá quien realizará este trabajo, el primer paso ya se está dando y la ciudadanía está a favor de que no se aumente la tarifa y se brinde un servicio digno. Ya veremos.
Comentarios, dudas o aclaraciones, dirigirlas al correo electrónico jlpuga@radarpolitico.com
