Hace meses se inauguró la planta potabilizadora “LA BUENA MUJER”, cuya construcción costó más de 170.5 millones de pesos del erario público en el municipio de La Paz. Sin embargo, desde su apertura, la planta ha presentado fallas, y se presume—aunque algunos lo afirman con certeza—que se ha enviado agua contaminada a varias colonias de bajos recursos.
La obra se dividió en tres fases: primero, la construcción de una línea de conducción de 14.2 kilómetros, con un costo de 59 millones 171 mil 214.28 pesos; después, la edificación de la planta potabilizadora con capacidad para 70 litros por segundo, valorada en 59 millones 691 mil 611.51 pesos; y finalmente la construcción y electrificación de la toma de agua desde la presa, por un monto de 51 millones 657 mil 334.86 pesos.
En lo referente a la línea de conducción, esta fue adjudicada a una de las tres empresas que presentaron la propuesta más costosa, a pesar de que existían opciones más económicas para la misma obra. Curiosamente, el ganador de la licitación fue CONSTRUCCIONES PUERTO CORTÉS, S.A. de C.V., representada por JOSÉ GUSTAVO DÍAZ TRONCO, quien, según diversas fuentes, no solo simuló el concurso, sino que también subcontrató a otras compañías para ejecutar el proyecto. Entre ellas se encuentra HI-PRO ECOLÓGICOS, S.A. de C.V., cuyo responsable del proyecto, ALFREDO PADILLA MARTÍNEZ, es propietario de SERVICIOS DE INGENIERÍA y ADMINISTRACIÓN S.A. de C.V., firma que realizó la Manifestación de Impacto Ambiental de la obra.
Esta información quedó confirmada al revelarse los documentos oficiales del proyecto, en los cuales aparece como contratista la empresa mencionada, mientras que CONSTRUCCIONES PUERTO CORTÉS—entiéndase José Gustavo Díaz Tronco—solo cobró la obra y su socio, que también participó en la licitación, fue quien la ejecutó realmente.
Lo anterior constituye un incumplimiento de contrato, pues la LEY DE OBRAS PÚBLICAS y SERVICIOS RELACIONADOS establece que esta práctica podría configurar simulación de contrato o fraude al erario, ya que podría implicar sobreprecio y daño patrimonial.
En septiembre de 2024, la obra fue inaugurada con la promesa de que entregaría 70 litros por segundo de agua potable. No obstante, en diciembre de 2024, tras múltiples denuncias ciudadanas sobre el mal olor y la apariencia del agua, el ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO de La Paz suspendió su funcionamiento sin dar mayores explicaciones.
Hoy, ese “ELEFANTE BLANCO” permanece inactivo, y pese a que desde el inicio se sabía que el agua contenía niveles excesivos de sustancias tóxicas, la construcción de la planta se dejó inconclusa. Ahora, se prevé un GASTO ADICIONAL de 23.2 millones de pesos destinados a “estudios previos, puesta en marcha y reconfiguración para eliminar el exceso de hierro y manganeso”.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿Cómo es posible que se distribuya agua sin una supervisión adecuada de su calidad? Es un proceso crítico para la ciudadanía. ¿O NO?
Por otra parte, está demostrado que el manganeso provoca daños crónicos, y la presa de “LA BUENA MUJER” ha albergado niveles preocupantes de este elemento. Garantizar la calidad del agua que consumimos debería ser una responsabilidad administrativa ineludible, sin importar si es para las colonias vulnerables o para las de mayor poder adquisitivo. ¿ACASO ES DEMASIADO PEDIR? Por lo pronto, quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .